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Responsabilidades y Sanciones.

Por: Jorge Gutiérrez Reynaga.

CANDIDATO A AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.

El Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Responsabilidades determina que son:

  1. Responsabilidad Política.
  2. Responsabilidad Penal.
  3. Responsabilidad Civil.
  4. Responsabilidad Administrativa.
  5. Responsabilidad Patrimonial.

Definiciones.

Responsabilidad Política.

“Es la que se hace valer a través del juicio político de responsabilidad, en contra de los [servidores públicos] mencionados en el artículo 110 de la Constitución.”

Responsabilidad Penal.

“Deber jurídico de sufrir la pena, que recae sobre quien ha cometido un delito, esto es, una acción u omisión típica, antijurídica y culpable.”

Responsabilidad Civil.

“La obligación que tiene una persona de indemnizar los daños y perjuicios que le han causado”.

Responsabilidad Administrativa.

“Es aquella en la que incurre un servidor público por realizar actos u omisiones que afecten la honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”

Responsabilidad Patrimonial.

“Es una institución jurídica que mediante criterios objetivos de derecho público, establece la obligación directa del Estado de indemnizar a los particulares que hayan sido lesionados antijurídicamente18 en sus bienes o derechos, con motivo de la actividad extracontractual del propio Estado.”

Un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y por lo mismo, suceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones. (Tesis Jurisprudencial)

Novena Época,
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
III, Abril de 1996
Página: 128
Tesis: P. LX/96
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa, Constitucional

Juicio Político.

Se aplica cuándo se pretende enjuiciar a un servidor público por faltas cometidas.

“la naturaleza jurídica del juicio político, gira sobre hechos, no delictuosos, y concluye con la separación e inhabilitación, en su caso, del alto funcionario que ha perdido la confianza pública; por lo tanto es ajeno a la actividad judicial”

Raúl F. Cárdenas.

Declaración de Procedencia.

Es sustitutiva a la declaración de desafuero, la cual se aplica por parte del Legislativo para dar curso al recursos de responsabilidad penal, por faltas que hayan incurrido los servidores públicos federales, gobernadores, diputados y magistrados de los estados,  de acuerdo con al artículo 111 de la Constitución y principalmente a solicitud del Ministerio Público.

Cuando se inicia el proceso de la Declaración de Procedencia y el Congreso declara la no procedencia del mismo, no  exime de responsabilidad al posible “inculpado” si no que, suspende el proceso, las cuales pueden reanudarse cuando se haya dejado el cargo público, pero ya sin el fuero como alto funcionario.

Sanciones.

Las sanciones a que se puede hacer acreedor un servidor público son:

  • Destitución del cargo.
  • Inhabilitación para desempeñar otro cargo, puesto o comisión, condicionándolo a determinado tiempo.
  • Las penas y sanciones que se le compruebe.

Tanto para el Juicio Político y Declaración de Procedencia, el Congreso de la Unión es el actor principal, porque actúa como receptor y juzgador, en el ámbito federal.

Con el tema, TRANSPARENTA.COM, otro día.

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Programa de Combate a la Corrupción en México.

Por: Jorge Gutiérrez Reynaga. www.gutierrezreynaga.com

La ciudadanía participa y confía en la Función Pública.

El Gobierno Federal presenta dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y la SFP presenta el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012.

El punto de partida es el informe presentado por Transparency International (TI), publicado en el último trimestre de 2008.

La evaluación que realizar TI, se basa en el Índice de Percepción de Corrupción que consiste en clasificar a 180 países según el grado de corrupción percibido como existente en funcionarios públicos y políticos.

Avances y Resultados.

En los últimos 10 años, México ha tenido avances en materia de combate a la corrupción y rendición de cuentas, con la creación de la Auditoría Superior de la Federación, publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la creación del Instituto de Federal de Acceso a la Información, el Servicio Civil de Carrera, entre otros, pero los resultados no han sido alentadores.

Resultados a Nivel Mundial.

En 2008, México ocupo el lugar número 72 con una calificación de 3.6 en una escala de 1-10.

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Resultados a Nivel Regional: América.

México se posiciona en el nivel 14 de un total de 32 países.

El Contralor General.

Tradicionalmente el Contralor General o Titular del Tribunal de Cuentas, es el encargado de vigilar y sancionar los dineros del pueblo, por lo tanto debe tener ciertas características importantes, como son: experiencia y autonomía.

Si el Contralor no tiene experiencia adecuada en el Gobierno, no podrá aplicar correctamente las labores de fiscalización, por lo tanto se debe buscar la mejor opción. Un error en la elección ha traído errores fatales, mismos que se describen en el artículo denominado el “El Contralor General” emitido por Transparencia Mexicana.

La autonomía es esencial y exitosa para realizar actos de fiscalización, el objetivo es: evitar ” ser juez y parte ” y que no exista vínculos políticos que desvirtúen su actuación.

La dicotomía sobre la premisas:  “el político debe ser administrador” o “el administrador debe ser político” son temas importantes por reflexionar y que deben aplicarse al tema de fiscalización, evitando la “mano política” de la actuación literal sobre acciones y actos de revisión de cuentas.

Para K.P.Joseph, en su publicación “Selecting the Next CAG” menciona que “se necesita un perro guardián financiero que ladre y muerda”, leerlo será interesante.

 Publicación: “El Contralor General” accensa dando click.

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¿Pero de cuál es la visión del Plan Mexicano para combatir la corrupción?

” La Secretaría de la Función Pública vigilará el cumplimiento de las disposiciones para combatir la corrupción a través de la Transparencia y Rendición de Cuentas “.

Prioridades.
  • Consolidar las políticas de información, transparencia y rendición de cuentas como instrumentos para prevenir la corrupción.
  • Fortalecer la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos, transferencias y subsidios.
  • Fortalecer la inspección de la inversión en infraestructura.
  • Mejorar el marco normativo interno de la APF.
  • Promover una cultura de la legalidad entre la sociedad.
  • Fortalecer los valores éticos de los servidores públicos de la APF.
  • Institucionalizar una política de participación ciudadana en la APF.
  • Establecer mecanismos de coordinación entre las dependencias responsables del combate a la corrupción.
  • Combatir la corrupción en las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública del gobierno federal.
Fortalecer la Fiscalización.

Las acciones planteadas se orientan a hacer más efectivos los mecanismos de fiscalización y promover el fortalecimiento y la mejora del control interno en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República y las unidades de la Presidencia de la República para reducir riesgos de corrupción y mejorar la gestión pública.

El Gobierno parte de la premisa de que el control no se circunscribe exclusivamente al ámbito presupuestal y que el control más eficaz es aquél que no permite la comisión de irregularidades, ya que su objetivo es lograr la eficiencia de las políticas públicas y el buen manejo de los recursos públicos federales.

Se considera que la fiscalización y el control del gasto público se debe orientar hacia el manejo correcto de los recursos públicos federales a cargo de las instituciones públicas, así como a la prevención, detección y sanción de las prácticas irregulares, a fin de que éste sea un instrumento eficaz para el combate a la corrupción.

Términos de referencia.

Cohecho

Es el otorgamiento, promesa u ofrecimiento de un beneficio para influenciar indebidamente una acción o decisión de un servidor público o una persona que ejerza funciones públicas.

Corrupción.

Conducta que se desvía de la función pública reglamentada debido a una consideración de índole privada o para obtener beneficios pecuniarios o de rango; o la violación de reglas por consideraciones de carácter privado. Se refiere a la ejecución de acciones que contradicen el ordenamiento legal del Estado y que se
desvían de los criterios normativos establecidos.

Contraloría Social.

Mecanismo de los ciudadanos para que, de manera individual u organizada, verifiquen la correcta aplicación de los recursos públicos y el cumplimiento de metas de los programas gubernamentales,
fundamentado por el marco jurídico aplicable.

Control Interno.

Mecanismos dirigidos a establecer procedimientos que aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos de las instituciones y los programas bajo su responsabilidad, que además permiten obtener información confiable y oportuna, y evitar omisiones o irregularidades que rompan el marco normativo o causen
afectaciones en el patrimonio federal.

Cultura de legalidad.

Implica que los integrantes de una sociedad aceptan el imperio de la ley en función de sus convicciones personales, de sus valores, principios y razonamientos. Aceptan y ejercitan su ciudadanía y reconocen y respetan el valor de la ciudadanía de los demás, los derechos del otro, la dignidad de los demás ciudadanos.

En la cultura de legalidad, las personas aceptan y acatan las leyes no porque exista la amenaza de un castigo, sino por convencimiento personal.

Estado de derecho.

Estado en el que autoridades e individuos se conducen con apego a las normas jurídicas que protegen los derechos y libertades inherentes de las personas y que debe ser aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre.

Ética pública.

Valores y principios que guían y orientan el actuar de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, con respeto a sus derechos fundamentales y en cumplimiento con sus obligaciones y
responsabilidades.

Gobernabilidad democrática.

Capacidad del gobierno de transformar necesidades en políticas, en el que si bien la Administración Pública mantiene su rango de componente esencial del gobernar, implica cambiar sus prácticas e
instrumentos para pasar de un modelo centralista a un enfoque abierto y asociativo con los sectores privado y social, que permita la formulación e implementación de las políticas en el menor tiempo y esfuerzo posible.

Participación ciudadana.

Espacios o mecanismos de interacción entre grupos organizados de la sociedad y el gobierno, que hacen posible que la sociedad contribuya e influya en las acciones gubernamentales que le afectan.

Rendición de cuentas social.

Mecanismo de control social no electoral sobre el gobierno, basado en la ética pública, la transparencia y el diálogo; donde los servidores públicos explican y justifican su actuación a los ciudadanos.

Transparencia.

Práctica o instrumentos que utilizan las organizaciones para hacer pública información o para abrir al público datos, mecanismos y procesos de la gestión y el desempeño gubernamental.

Transparencia focalizada.

Proceso de identificación, sistematización y difusión de información relevante para el público. La transparencia focalizada busca ser un espacio de consulta útil para la toma de decisiones de los ciudadanos
respecto a bienes y servicios públicos o privados.

Con el tema TRANSPARENTA.COM, otro día.

Cuadernillos de Transparenta. Consejo Nacional de Armonización Contable y Comité Consultivo. Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por: Jorge Gutiérrez Reynaga

Iniciamos con una colección de cuadernillos sobre los temas tratados en TRANSPARENTA con el objeto de proporcionar las opiniones de diversos actores de la sociedad y que sean estos, punto de partida para futuras investigaciones en materia de Gobierno.

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

El Consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

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PRINCIPALES FACULTADES.

Emitir Marco Conceptual, Postulados Básicos, Plan de Cuentas, Manuales de Contabilidad, Normas, e Información Financiera.

Emitir los requerimientos de información contable para la generación de información de las Finanzas Públicas, Sistema de Cuentas Nacionales y en base a Acuerdos Internacionales de Información.

Emitir lineamientos de un Sistema de Costos.

Nombrar a los representantes de los Municipios ante el Consejo y Comité.

Determinar las características del sistema que se aplicará en forma simplificada por los Municipios con menos de 25 mil habitantes.

COMITÉ CONSULTIVO.

El Comité Consultivo es el organismo que opinará sobre las decisiones del Consejo y participará con sus aportaciones en materia de contabilidad gubernamental.

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PRINCIPALES FACULTADES.

Proponer al secretario técnico la creación o modificación de normas contables.

Emitir opinión sobre las normas contables e información financiera que formule el Secretario Técnico.

Proponer y apoyar las acciones sobre la capacitación de los usuarios de la contabilidad gubernamental.

Elaborar reglas de operación y programa anual de trabajo, en atención a las facultades del Consejo.

SECRETARIO TÉCNICO.

El Secretario Técnico es el titular de la Unidad Administrativa en materia de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

PRINCIPALES FACULTADES.

Elaborar el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, las normas contables y de emisión de información financiera y las relativas al registro y valuación del patrimonio del Estado.

Formular las disposiciones generales respecto de la guarda y custodia de la documentación comprobatoria y justificativa de los registros contables que realicen los entes públicos, en apego al marco jurídico aplicable.

Actualizar la base técnica del sistema, precisar los elementos mínimos de los manuales de contabilidad, definir los términos y la forma de presentar la información financiera – contable de los entes públicos.

Asesorar, atender, capacitar, opinar, interpretar, seguimiento al proceso de armonización contable.

CONCLUSIONES.

No cabe duda que el actor principal es el Secretario Técnico, claro esta que tiene todo el soporte técnico administrativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No incluyen a INEGI, pero éste aportará las cifras, mismas que deberán contabilizar para llevar el censo de la actividad de las haciendas públicas en materia de contabilidad gubernamental.

Lo interesante será conocer los parámetros que deberán aplicar a los municipios hasta con 25 mil habitantes.

Deberá ser prioritario que utilizando la tecnología de la información, sean registrado los movimientos de la Hacienda Pública con el objeto de ser transmitidos vía electrónica a los Organismos Fiscalizadores, con el objeto de cumplir con la transparencia y rendición de cuentas.

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Nueva LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, México hacia la madurez contable.

Armonización y Homologación son palabras separadas pero sobre un solo tema: la transparencia y rendición de cuentas.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, derivado de la reforma en mayo de 2008 a la image Constitución, en su artículo 73, Fracción XXVIII, en donde se otorga al Congreso las facultades para expedir leyes en la materia de Contabilidad para el Gobierno Federal. Estatal y Municipal, así como el Departamento del Distrito Federal, con el objeto de armonizar la información financiera de sus presupuestos y registros contables, mismos que deberán presentar en Internet.

Los diputados federales asistentes, aprobaron por unanimidad la Ley, misma que se envía al Senado para su análisis.

En el documento se describen los parámetros generales para facilitar el registro y fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos.

Prevé sanciones a servidores públicos que incurran en omisión o alteración de registros; por modificar documentos que integran la contabilidad y no realizar los registros presupuestarios.

Se crea el Consejo Nacional de Armonización Contable, qué será el organismo coordinador de la homologación contable a nivel nacional.

Expresiones.

Texto de la Ley, (haga click en la imagen).

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Equipo de redacción de TRANSPARENTA.COM

Fiscalización, como Auditoría Externa.

Por: Jorge Gutiérrez Reynaga.

 

La Fiscalización, entendida como la Auditoría Externa realizada por las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), tienen como objetivos principales revisar los siguientes aspectos:

  1. Financieros.
  2. Legales. 
  3. Gestión.
  4. Calidad.

La Auditoría Financiera verifica que no existan inconsistencias contables ni presupuestales.

En cambio la Auditoría de Legalidad tiene la finalidad de verificar que la actuación se haya desarrollado de conformidad a las Leyes y Reglamentos aplicables.

También es necesario que se lleva a cabo la Auditoria de Gestión, con el objeto de verificar el rendimiento de los Programas Operativos y su principal función será la de avaluar la actuación del funcionario, mismo que servirá para conocer si el perfil es el idóneo, si los recursos presupuestales que fueron asignados realmente tuvieron el impacto social esperado, es decir demostrar que fue la mejor opción en ese momento.

La Auditoría de Calidad tiene la función de evaluar las filosofía  de la entidad,  misión, visión, estrategias y objetivos, para lo que fueron creados. Un sistema de calidad en donde se contemple la mejora continua, cero defectos, justo a tiempo, y capacitación, servirá para medir la actuación interna que ser verá reflejada hacia el exterior, enfocada a el cliente, que en este caso es el Ciudadano. También es parte integral de la Certificación ISO 9000.

Este tipo de auditorías permiten comparar las actuaciones de los diferentes participantes en la administración pública, con el objetivo de establecer las deficiencias y que éstas se puedan rectificar en el futuro, como en el proceso administrativo: Planeación, Organización, Ejecución y Control.

” Parte importante tendrá que ser, la Tecnología de la Información. Vivimos en un mundo moderno y las auditorías tendrá que cambiar utilizando la Red de Internet, como medio de difusión, disminuyendo tiempos y optimizando recursos “

JGR

Los administradores públicos y los políticos tienen que averiguar las necesidades de los ciudadanos. Realmente deben profundizar en los temas que les preocupan y conocer cuales son sus prioridades. ¿Quién dice que un administrador no puede ser un buen político? Para el público en general, el ser administrador es sinónimo de trabajo; en cambio la palabra político es sinónimo de corrupción. ¿Cómo podremos cambiar ese concepto? Demostrar que los políticos pueden ser excelentes administradores y la manera será, el resultado, combinación y aplicación de los 4 conceptos de fiscalización descritos en este tema.

Este nuevo tipo de fiscalización necesariamente tendrá que hablarse reflejarse en Eficiencia y Eficacia.

Debemos esforzarnos para que el “triángulo”, Administración Pública, Políticos y Ciudadanos, trabajen de manera coordinada, en lo que se sería el “Gobierno en Acción”. Para algunos la democracia   refieren  que: “El pueblo tiene el Gobierno que se merece”, pero eso es una idea muy conservadora y cómoda y hasta cierto punto conformista.

Nosotros como ciudadanos formamos parte del Gobierno, somos el fin del Gobierno. Nace por nosotros, le otorgamos el poder sobre la cosa pública y su función es satisfacer las demandas de la Sociedad Civil, en la manera de sus posibilidades, claro está.

” El equipo de evaluación externa está
formado por personas con la capacidad
técnica, experiencia en negocios y antecedentes
educativos apropiados para las
funciones de auditoría interna a revisar
y no deben formar parte de las organizaciones
con la que se relacione la actividad
de ahí,  ni que estén bajo control de
ellas, para asegurar la independencia y
objetividad de su trabajo”.

The Institute of Internal Auditors.

Para poder realizar una Auditoría de Gestión, se necesita que el perfil de los auditores sea profesionalmente calificado y que técnicamente capacitado, y por otra parte, que exista una cooperación por parte de entidades fiscalizables. El amarre es, la acción legislativa de otorgar autonomía en su actuación de las Entidades de Fiscalización Superior.

Dichas auditorías presentan un grado de dificultad mayor que las financieras, legales y de calidad, dado que se necesita equipos multidiciplinarios para realizarlos. Este tipo de auditoría es efectiva si los resultados son rápidos, con el objeto de que el Gobernante pueda modificar su estrategia en la aplicación de las Políticas Públicas en beneficio de partida doble: para el político y sus gobernados.

Con el tema TRANSPARENTA, otro día.

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El Contralor del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco

El Congreso de Jalisco, designara a Contralor General de Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y de acuerdo al Código Electoral, tiene las siguientes facultades:

 

 

Fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del Instituto.

 

Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo, de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como de aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones en el cumplimiento de sus funciones.

 

Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos.

 

Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del IE y PC.

 

Verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas aplicables y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.

 

Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias.

 

Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han aplicado, legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados.

 

Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el Instituto para efectos de compulsa la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva.

 

Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Por lo que hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las instituciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores públicos de la propia Contraloría, así como a los profesionales contratados para la práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva a que aluden las disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a la información pública.

 

Recibir denuncias o quejas relativas a los servidores públicos del Instituto directamente relacionadas con el uso y disposición de los ingresos y recursos del Instituto y desahogar los procedimientos a que haya lugar.

 

Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas y órganos del Instituto para solicitar la exhibición de los libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las formalidades respectivas.

 

Formular pliegos de observaciones en materia administrativa.

 

Determinar los daños y perjuicios que afecten al Instituto en su patrimonio y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a las que se hagan acreedores.

 

Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones.

 

Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores   públicos del Instituto, a partir del nivel de jefe de departamento, conforme a los formatos y procedimientos que establezca la propia Contraloría conforme a las normas establecidas en la Ley de la materia.

 

Intervenir en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de los servidores públicos.

 

Emitir los lineamientos, instruir, desahogar y resolver los procedimientos administrativos respecto de las quejas que  en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto.

 

Establecer los mecanismos de orientación y cursos de capacitación que resulten necesarios para que los servidores públicos del Instituto cumplan adecuadamente con sus responsabilidades administrativas.

Y de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública de Jalisco, deberá apoyar en las labores de fiscalización.

FISCALIZACIÓN A LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES. (México)

Por: Jorge Gutiérrez Reynaga.

JORNADA ELECTORALDe conformidad con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se crea un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral dotado de autonomía de gestión, encargado de la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales denominado:

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

En el Diario Oficial de la Federación, de fecha 21 de agosto de 2008 se publica el:

REGLAMENTO PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LAS AGRUPACIONES POLITICAS NACIONALES

PRIMERA PARTE. LINEAMIENTOS

TITULO I. Del Registro de los Ingresos y Egresos de las Agrupaciones Políticas Nacionales

CAPITULO I. De los Ingresos

ARTICULO 1

Objeto, Glosario, Registro de Ingresos, Cuentas Bancarias y Generalidades

1.1 El presente Reglamento establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos, en la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y en la presentación de los informes del origen y monto de los ingresos que reciban, así como su empleo y aplicación, con fundamento en lo establecido por el artículo 81, párrafo 1, incisos a), b) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Atribuciones de la Unidad de Fiscalización.

  • La Unidad de Fiscalización contará con sesenta días para revisar los informes anuales presentados por las agrupaciones.

 

  • La Unidad de Fiscalización tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos de finanzas de cada agrupación que pongan a su disposición la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan presentado los informes anuales. Durante el periodo de revisión de los informes, las agrupaciones tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

 

  • La Unidad de Fiscalización podrá determinar la realización de verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de las agrupaciones, a partir de criterios objetivos emanados de las normas y procedimientos de auditoría. Dichas verificaciones podrán ser totales o muestrales en uno o varios rubros.

 

  • Las agrupaciones deberán enviar la documentación comprobatoria a las oficinas de la Unidad de Fiscalización.

 

  • La Unidad de Fiscalización informará a cada agrupación los nombres de los auditores que se encargarán de la verificación documental y contable correspondiente.

 

  • A la entrega del informe anual y de la documentación comprobatoria se levantará un acta que firmará el responsable de la revisión, así como la persona que los entregue por parte de la agrupación.

 

  • El personal comisionado por la Unidad de Fiscalización podrá marcar el reverso de los comprobantes presentados por las agrupaciones como soporte documental de sus ingresos y egresos, señalando el ejercicio de revisión en el cual se presentó, la fecha de revisión y su firma.

 

  • Durante el procedimiento de revisión de los informes de las agrupaciones, la Unidad de Fiscalización podrá solicitar por oficio a las personas que hayan extendido comprobantes de ingresos o egresos a las agrupaciones, que confirmen o rectifiquen las operaciones amparadas en dichos comprobantes. De los resultados de dichas prácticas se informará en el dictamen consolidado correspondiente.

 

  • La Unidad de Fiscalización podrá solicitar a las agrupaciones que notifiquen por escrito a alguna o algunas de las personas que les hayan extendido comprobantes de ingresos o egresos requerimientos de información y documentación respecto de sus operaciones con la agrupación, a efecto de realizar la confirmación correspondiente conforme a las normas y procedimientos de auditoría. La agrupación requerida deberá realizar por sí dicha notificación, y enviar copia a la Unidad de Fiscalización del acuse de recibo correspondiente, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a aquel en el que reciba el oficio por el que se le haga esta solicitud.

 

Interesante será conocer como se coordinara el dictamen emitido por la Unidad de Fiscalización del Consejo General del Instituto Federal Electoral, con las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación.

Para mayor información: DOF 21/08/2008

Con el tema, TRANSPARENTA.COM, otro día.